“2018 no tuvo piedad: se cobró los errores del Gobierno y la oposición, dejando extenuada a la sociedad. El daño sufrido es inconmensurable. En lo inmediato, dos síntomas resultan alarmantes: la fragmentación del poder al interior de las elites y el desahucio de la economía real. Una sorda guerra de intereses en la cima, mientras en la base sucumben los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas que sustentan el empleo. Eso para no hablar de la pobreza. En fin, una densa trama de conflictos, recesión e injusticias de la que emana recelo e incertidumbre”. (Eduardo Fidanza, La Nación, 29/12/18)

Comienza un 2019 plagado de incertidumbres sobre el rumbo de las cuestiones políticas y económicas, pero con una certidumbre, a este 2019 Macri y el gobierno de Cambiemos llegan muy mal parados y sin un plan coherente que vaya más allá de aplicar a rajatabla el ajuste acordado con el FMI y rezar para que los planetas se alineen y la economía no salte por los aires antes de las elecciones presidenciales.

Una grave situación económica con pronóstico incierto

Luego de tres años de gobierno de Cambiemos todos los indicadores económicos y sociales empeoraron. La pobreza saltó en el último año al 33.6% (según el informe de la UCA); en el transcurso de 2018 se perdieron casi 120.000 puestos de trabajo en el sector privado; la producción industrial cayó 13,3% en noviembre concretando un derrumbe de 3,8% en 11 meses, mientras que la construcción se desplomó 15,9% en términos interanuales; la inflación anual se calcula trepará a 48%, los trabajadores sufrieron una pérdida promedio de su salario de alrededor del 20%; el peso se devaluó en más del 100%, esto llevó a que la deuda pública represente el 95% del PBI, cuando en 2017 era el 57%. Estos datos confirman, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y del país, que el gobierno de Macri es un gobierno que fracasó de punta a punta.

A esto debemos sumarle los anuncios realizados en los últimos días de nuevos tarifazos en todos los servicios públicos y el transporte. Un tarifazo anunciado a las apuradas y que costó la cabeza de Iguacel, otrora ministro luego devenido en secretario de Energía, por el temor de que se les escape el riesgo país y termine de comprometer la frágil economía argentina que subsiste conectada al “tubo de oxígeno” que significan los dólares que por ahora le llegan debido al acuerdo con el FMI.

En este sentido, el crecimiento exponencial de la deuda externa se ha revelado como un problema de primer orden que deja una sensación de incertidumbre en el futuro cercano y que nadie sabe cómo va a terminar, pero todos los pronósticos auguran fuertes tormentas en los próximos años (o meses).

Para que se entienda la magnitud del problema veamos los números. La Argentina deberá pagar durante el 2019 en concepto de deuda unos 56.745 millones de dólares, de los cuales a priori tiene sólo garantizados los 23.000 millones que desembolsaría el FMI, el resto deberá procurárselos vía impuestos, ajuste o nueva deuda a tasas por las nubes, producto de la trepada del riesgo país que está alrededor de los 800 puntos básicos. Esto ya perfila un 2019 crítico. Ahora, si se consigue surfear el 2019, los años venideros serán aún más duros: los vencimientos de deuda para el gobierno que resulte elegido en 2019 serán enormes. Entre 2020 y 2023 vencerán más de 131.000 millones de dólares, mientras que del acuerdo del FMI sólo ingresaran 6.000 millones, debiendo comenzar a pagarse los 57.000 millones de capital a partir de 2021.

Esta sensación de país a la deriva es la otra cara del fracaso del gobierno de Macri. Está claro que este zafarrancho no es como la perinola donde “todos ponen”. Aquí hubo sectores que hicieron grandes negocios: las empresas privatizadas de servicios públicos, las mineras, el sector agroexportador, las empresas energéticas, los bancos y el sector financiero que fugaron miles de millones de dólares. Es decir, el imperialismo y los amigos del gobierno de los CEOs fueron los grandes ganadores de este zafarrancho.

No obstante esto, sería un error reducir el objetivo del gobierno de Cambiemos exclusivamente a cometer un saqueo de proporciones y punto, como hacen muchos sectores del “progresismo”. Sus objetivos (y lo que la burguesía argentina pretendía) eran mucho más grandes y profundos.

Esta desazón ante los resultados alcanzados se plasma en la mayoría de los balances de fin de año que publicaron los columnistas estrella de los “grandes” diarios. Leamos a modo de ejemplo las palabras de Claudio Jacquelin en La Nación: “Las reformas impositiva y laboral constituían el eje de la propuesta electoral macrista para que las empresas lograran ser competitivas y pudieran ganar mercados, el país atrajera inversiones y se concretara un crecimiento genuino sostenido y tantas veces postergado. (…) Después de dos intentos fallidos (uno integral y otro parcial), el Gobierno acaba de anunciar que hará otro intento el año próximo por alcanzar reformas laborales. Si el calendario electoral no ofrece un escenario propicio para casi ninguna reforma estructural impulsada por un gobierno con minoría en las dos cámaras del Congreso, mucho menos parece viable para modificar las leyes del trabajo. (…) las reformas estructurales seguirán esperando su oportunidad. O a un gobierno que aúne la pericia técnica con la decisión y la habilidad políticas para llevarlas adelante, que no es lo mismo, pero es igual”.

El gobierno de Macri se pensaba a sí mismo como fundacional, ellos venían a generar una transformación estructural en el país que partía de dar una vuelta de timón en las relaciones entre los trabajadores y la patronal. Para eso necesitaba, entre otras cosas, aprobar una reforma laboral que redoblara la flexibilización y barriera con los convenios colectivos de trabajo, y hacer pasar una reforma previsional que prácticamente aboliese la jubilación (siguiendo el ejemplo de su par brasileña, la patronal sueña con una ley previsional que exija 49 años de aportes para poder acceder a una jubilación)...


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Ni Macri, Ni el kirchnerismo

Ha quedado claro que Macri gobierna para los ricos. Por otra parte, el kirchnerismo, que gobernó durante 12 años y no realizó ningún cambio estructural en el país, no es alternativa.

Desde Izquierda al Frente por el Socialismo nos proponemos como una alternativa superadora a todas las variantes patronales.

Frente al ajuste macrista (Plan A), levantamos un Plan B para que ganemos los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Prohibir las suspensiones y los despidos, terminar con la precarización laboral garantizando empleo genuino para la juventud, #niunamenos con presupuesto para las mujeres que son víctimas de violencia y garantizar el acceso a la cultura y la educación.
Queremos que paguen los empresarios, por eso proponemos un impuesto a las riquezas, a las grandes extensiones de tierras y los grandes inmuebles.

Abajo la represión a la protesta social. Ninguna impunidad a los genocidas de la dictadura militar.
Abajo la burocracia sindical, vamos por democracia de las bases.

Sobre Mi

Mi nombre es Manuela Castañeira, soy Licenciada en Sociología, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y trabajadora no docente.

Nací en Paraná, Entre Ríos, y actualmente resido en la localidad de Sarandí, Provincia de Buenos Aires.

Me considero socialista y feminista. Mi compromiso es defender los derechos de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes.

Soy precandidata a Diputada Nacional en la provincia de Buenos Aires por la Izquierda al Frente por el Socialismo.

Los Trabajadores

Vamos por un 35% de aumento del salario y prohibición de despidos y suspensiones.
Que toda empresa que quiera cerrar sea estatizada.
Que se elimine el impuesto al trabajo, que es un falso impuesto a las ganancias.

Las Mujeres

Las mujeres, y la sociedad en su conjunto, avanzamos en la pelea por nuestros derechos.
Estamos contra la violencia de género y a favor del aborto legal en hospitales públicos.
Exigimos trabajo genuino y queremos que se termine con las redes de trata y explotación sexual.

La Juventud

Es nuestro futuro y necesitamos terminar con la precarización laboral.
Pase a planta de todos los trabajadores jóvenes. A igual tarea igual salario.
Triplicación del presupuesto para educación pública y salud pública.