Artículo 14 bis de la Constitución Nacional vigente: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

Las elecciones PASO nacionales del domingo 12 de septiembre dejaron un mensaje contundente. En el conjunto de la población hay bronca y rechazo a un estado social de cosas atravesado no solo por la pandemia sino por una situación económica cada vez más angustiante.

Sólo el Nuevo MAS y Manuela Castañeira hemos insistido a lo largo de la campaña en la necesidad de dar prioridad a ese reclamo. Ni la dirigencia de la CGT y de la CTA durante la pandemia, ni mucho menos el gobierno yla oposición en la campaña, prestaron atención al malestar sordo y profundo que recorre toda la sociedad. Las medidas paliativas tomadas por el nuevo gabinete de Alberto Fernández en nada han cambiado esta realidad.

Durante la campaña hacia las PASO dijimos en reiterados programas de TV y radio que presentaríamos un programa por un salario mínimo, vital y móvil de $100.000 indexado por inflación y estamos cumpliendo nuestra palabra. Durante la campaña electoral, las fuerzas políticas del sistema parecen discutir los problemas de otro país y de otro pueblo. El macrismo endeudó el país con 44.000 millones de dólares para alimentar la especulación y al gobierno de Alberto lo único que se le ocurre es que hay que pagar la estafa.

Mientras tanto, las fuerzas ultralibertarias (Milei y Espert), en realidad, son grupos reaccionarios que con palabras altisonantes trabajan para lo más concentrado del empresariado y que se postulan aun a sabiendas de que sus medidas solo se pueden aplicar bajo una dictadura militar.

Sólo las y los candidatos del Nuevo MAS, presentes en más de la mitad de los distritos electorales, pusieron en el centro de la agenda la preocupación número uno de las y los trabajadores y el pueblo: el deterioro de sus ingresos y de su nivel de vida ante el avance de la inflación, la desocupación y la precarización laboral.

Los datos oficiales revelados por el INDEC hablan por sí solos[1]. Según el informe de junio correspondiente al primer trimestre de 2021, el salario promedio en Argentina para las y los trabajadores asalariados es de $42.294, lo que se reduce a miserables $22.385 para las y los trabajadores informales (nuevamente en promedio).

A partir de septiembre, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM), valor testigo que toman como referencia otros ingresos como el IFE y la AUH, es de $29.160, al cualllevarían a $33.000 en febrero del 2022 según los recientes anuncios del gobierno. Esta cifra irrisoria está incluso por debajo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), también llamada canasta de indigencia, dado que solo cubre la elemental provisión de calorías diarias para sobrevivir y ningún otro gasto. La CBA fue estimada por el INDEC en $29.213.

Primera conclusión: el salario mínimo actual no alcanza siquiera para vivir en condiciones de indigencia, esto es, sin vivienda, servicios, higiene, educación ni atención de salud.

Esos rubros sí aparecen en la Canasta Básica Total (recalquemos: básica). La CBT asciende a $68.359sin incluir el costo de alquiler (los gastos de vivienda calculados en la CBT son de aproximadamente el 11%, lo que es insuficiente en la mayoría de los casos). Si se incluyera el costo real, la CBT no bajaría de los $110.000.

Según el Ministerio de Trabajo, en mayo de 2021 el sueldo promedio bruto de las y los trabajadores del sector privado llegaba a los $86.128 y la mediana (la línea que divide el conjunto de datos en dos mitades) de la remuneración bruta era de $68.164.

Segunda conclusión: incluso entre las y los trabajadores del sector privado cuyo salario es en promedio mayor, la mitad de ellos no llega siquiera a la canasta básica total (que no incluye alquiler).

La consultora PxQ, de Emanuel Álvarez Agis (ex viceministro de Economía cuando el ministro era Kicillof), estima que el poder de compra del salario real formal está 25% por debajo del de 2015 y que el salario de las y los trabajadores precarios perdió un 10% solo en lo que va de 2021.

Si este es el panorama en pesos, cuando se mide el salario en dólares la situación es aún peor. Al tipo de cambio oficial, el SMVM a principios de septiembre era USD 282; tomando el tipo de cambio paralelo, de solo USD 181 (y en aumento).

Según un estudio de la Universidad de Avellaneda, el SMVM argentino medido en dólares era en 2015 el más alto de Sudamérica, con USD 589 (holgadamente más del doble del actual). Hoy, el SMVM argentino en dólares ocupa el séptimo puesto en el continente, en un retroceso permanente. Según el Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma, el salario promedio en dólares está de regreso a los valores de fines de 2006.

Tercera conclusión: el salario de las y los argentinos está en los niveles más bajos de la última década.

Y lo anterior por no olvidarnos que en la Argentina prácticamente no existe un piso salarial –está visto lo pulverizados que están los mínimos-, pero sí hay un techo: recién ahora se aumentarían a $175.000 los salarios brutos no alcanzados por el mal llamado “impuesto a las ganancias” (que es un impuesto al trabajo, porque el empresariado evade el impuesto a sus verdaderas ganancias). Con lo cual, lo que tenemos en la Argentina es un salario pulverizado en dólares que no tiene piso, pero sí tiene techo además de una precarización laboral rampante con el 50% de las y los trabajadores precarizados y un ataque sistemático a los convenios de quienes están en blanco (caso Toyota).

Todo el arco político desde el Frente de Todos pasando por Juntos y llegando a Milei y Espert están a favor como “política de Estado” de pagarle la deuda externa malhabida a los acreedores externos y cerrar el acuerdo con el FMI (cuestión que condiciona la miseria salarial pública y privada y condena al país al ajuste económico permanente).

Esto se pone de manifiesto con lo sucedido con el giro extraordinario que recibió Argentina (y todos los países miembros del FMI con su cuota al día) bajo la forma del ingreso de 4.333 millones de dólares en DEG (la moneda del Fondo). Este gesto de supuesta “sensibilidad” del organismo internacional debía tener como fin expreso contribuir a paliar los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo, en virtud del decreto 622/21 del viernes 17 de septiembre, el gobierno argentino decidió que casi todo ese dinero (3.779 millones de dólares, el 87% de lo transferido) se destine… a pagarle capital e intereses al mismo Fondo Monetario.

Así, el mismo gobierno que dice “escuchar el reclamo de mayores ingresos” resuelve apoyado por la oposición de Juntos y los “libertarios” desfinanciar toda medida de alivio o mínima recomposición de ingresos populares en beneficio del principal acreedor del país.

Las consecuencias sociales de esta penuria de ingresos generalizada y en permanente agravamiento están a la vista. La desocupación ya llega al 10,2%. La pobreza urbana en Argentina, según medía el INDEC en el segundo semestre de 2020 –tras lo cual la situación ha empeorado visiblemente– llegaba al 43% de la población, con un 10,5% indigencia y una pobreza infantil (menores de 14 años) del 57,7%.

Llegar a fin de mes sin endeudarse es para millones de hogares una misión imposible: “nos sobra mes y nos falta sueldo” hemos dicho en la campaña. Incluso para los hogares que no sufren ese apremio, la tendencia general a la baja del salario significa la postergación o cancelación de las aspiraciones más comunes: un vehículo, vacaciones, vivienda propia e, incluso, un teléfono móvil (¡tal cual la campaña reaccionaria de Milei y periodistas afines como Adorni y Levinas contra Manuela Castañeira!). La posibilidad de comprar un inmueble para un asalariado es la más baja desde 2010, año base de la tabla comparativa, y dichos “lujos” parece que solo corresponden en la Argentina para los adinerados, mientras que las y los asalariados tendrían que resignarse y bajar la cabeza, al mismo tiempo que las organizaciones sindicales oficialistas no mueven un dedo por ningún reclamo.

La situación es especialmente penosa para las mujeres y las y los jóvenes. La brecha salarial de género no se cierra, sino que se ensancha: según el INDEC, el ingreso promedio de los varones es de $48.570 mensuales; el de las mujeres, de $36.123, con una diferencia del 25,6%. La desocupación general es de 10,2%, pero del 12,3% en las mujeres y del 8,5% para los varones. Los principales afectados por la desocupación son las y los jóvenes de entre 14 y 29 años, pero la ya elevada tasa del 17% entre los varones trepa al 25% en las mujeres de esa franja etaria.

Cuarta conclusión: las consecuencias del deterioro permanente de los ingresos impactan en el aumento de la pobreza, la precariedad laboral, la desocupación, la desigualdad de género y la marginación, cuyos índices se encuentran en cifras cercanas a los picos históricos.

El empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo están dejando una marca profunda en el tejido social.En este contexto acuciante, es una cuestión de elemental justicia garantizar que se cumplan las metas que establece la Ley Nacional de Empleo 24.013 para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (¡y la Constitución Nacional!), al que se define como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

El mísero nivel actual del SMVM convierte estos objetivos –mínimos, recordemos– en letra muerta y en una burla a la mayoría de la población.

Las y los socialistas revolucionarios del Nuevo MAS, Manuela Castañeira y todas y todos nuestros candidatos y figuras públicas en todo el país sostenemos que esta situación no puede sostenerse más tiempo. La situación social y económica de la clase trabajadora y de amplios sectores populares –como las y los jubilados y beneficiarios de planes sociales, cuyos ingresos están atados al valor del salario mínimo– no puede esperar. El descontento, la angustia y la bronca se palpan en las calles y son una expresión de la crisis del capitalismo argentino.

Por todo esto, reclamamos como medida básica de protección de la vida y del bienestar de la amplísima mayoría de la población disponer el aumento del salario mínimo al nivel de la verdadera canasta básica total, la que incluye el costo del alquiler, con un pisode $100.000 indexado por inflación, lo que contribuiría a elevar el piso salarial de toda la clase trabajadora argentina (es decir, es un beneficio para todas y todos los asalariados, incluso para los pocos que ganan más que esta cifra).

Esta medida no puede ser tomada de manera aislada e inconexa, dejando intactas las demás decisiones de política económica que perpetúan las condiciones que nos llevaron hasta aquí. Priorizar las necesidades de las y los trabajadores y sectores populares significa, en primer lugar, afectar los intereses de la clase capitalista para financiar el aumento del SMVM y demás ingresos vinculados a él.

Seguir leyendo esta nota en Izquierda Web

Una alternativa. Un proyecto de izquierda

La agenda política y económica del gobierno de Alberto Fernández está lejos de tener como foco las condiciones de vida de los de abajo.
A lo largo del 2020 y lo que va del 2021 el deterioro en las condiciones de vida de las y los trabajadores y los sectores populares es enorme; mientras tanto el gobierno le ha garantizado a los empresarios ganancias millonarias.

El Frente de Todos se ha hecho cargo de la deuda que contrajo Macri con el FMI y se encamina a un acuerdo con el organismo de crédito que implica reformas estructurales a cambio de ampliar los plazos de pago. Es decir: poner al país bajo la tutela del Fondo para aplicar las contrarreformas laborales y jubilatoria y desfinanciar más la salud y la educación para destinar todos esos recursos al pago de los buitres.

Mientras tanto, la inflación que este año se calcula en un 50%, deteriora aceleradamente el poder adquisitivo de los salarios: ¡Los precios vuelan! El descongelamiento de las tarifas anunciado por el gobierno para garantizarle a los capitalistas ganancias en dólares aplasta cada vez más los salarios de millones de trabajadores, que sobreviven con ingresos por debajo de la línea de pobreza o que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes.
Los precios de los alimentos, combustibles y servicios están todos dolarizados para beneficio de los empresarios, mientras que los ingresos de los trabajadores perdieron por goleada contra la inflación del año pasado y este año el gobierno pretende que queden en un 30%.Todo esto con la complicidad de la CGT,la CTAy la dirigencia sindical tradicional que aplasta a las y los trabajadores y pretende que la crisis la paguemos los de abajo.

A pesar de que la Argentina produce millones de dosis para empresas farmacéuticas como Astrazeneca, el país se encuentra ante la segunda ola de la pandemia con muy bajo porcentaje de la población vacunada, lo que deja a los trabajadores y trabajadoras indefensos frente al virus. Para el gobierno, la propiedad privada de las patentes está antes que la salud de la población.
Por su parte, Juntos por el Cambio carga con la responsabilidad de haber endeudado al país por 44 mil millones de dólares, facilitando la fuga de divisas en favor de los especuladores financieros y empresarios. Los trabajadores le dijeron ¡basta! a su proyecto neoliberal el 18 de diciembre de 2017 cuando el intento frustrado de reforma jubilatoria y luego en las elecciones de 2019.

Los “libertarios” de Espert y Milei son unos derechistas reaccionarios que se presentan como “antisistema”, pero trabajan para la gran patronal. Son los “bolsonaros” argentinos que pretenden engañar a la juventud y explotar los prejuicios que dividen a la sociedad en falsas oposiciones, cuando la verdadera oposición es entre los capitalistas por un lado y los trabajadores, las mujeres y la juventud por el otro.

Necesitamos un proyecto desde abajo, socialista y de izquierda, que ponga por delante los problemas de la mayoría de la sociedad, de los que hacen funcionar al país, que somos los trabajadores y trabajadoras, como quedó demostrado a lo largo de la pandemia. Un proyecto que le dé perspectivas de futuro a la juventud, bienestar a los jubilados, y que garantice a las mujeres y a las diversidades igualdad de derechos y que termine con los femicidios. Un proyecto de izquierda que ponga el foco en las necesidades de las y los de abajo para que la crisis la paguen los capitalistas.

¡Vacunas para todos ya!

Estatización de las empresas que las producen y anulación de las patentes. Aumento inmediato del presupuesto de salud y de salario para el personal sanitario.
En el país se producen millones de vacunas para que las grandes empresas farmacéuticas hagan negocios mientras que en Argentina faltan vacunas. Es urgente tomar medidas de emergencia sanitaria para atenuar los efectos de la segunda ola y prevenir la propagación de las cepas que ya tienen transmisión comunitaria, como la cepa Manaos o la británica. Por eso proponemos estatizar empresas como Mabxience que produce los activos de las vacunas y que el Estado garantice los insumos para su fraccionamiento.
Proponemos la triplicación del presupuesto de Salud y el aumento inmediato del salario para el personal sanitario, financiado con impuestos a las grandes empresas y fortunas y mediante el no pago de la deuda externa.

Aumento del presupuesto para la educación

Luego de un año de pandemia quedó claro que el gobierno de Alberto Fernández no invirtió un centavo en la educación pública. Los edificios se caen a pedazos, los insumos sanitarios escasean y el proceso de educación y aprendizaje se ha deteriorado fuertemente, además de los trastornos psico-sociales que generan la falta de ámbitos de socialización en les niñes y jóvenes.
Apoyamos y alentamos la pelea de la comunidad educativa en la exigencia de construcción de aulas, escuelas y edificios, a la vez que insumos sanitarios y condiciones integrales para garantizar el acceso seguro a la educación pública y gratuita.Y también la apertura de la cursada presencial con todas las condiciones sanitarias en los primeros años de la Universidad. Proponemos la triplicación del presupuesto educativo para garantizar una educación de calidad y segura, financiado con impuestos a las grandes empresas y fortunas y mediante el no pago a la deuda externa.

Basta de femicidios

Presupuesto para combatir la violencia de género. Destitución de jueces y funcionarios que amparan a los violentos.
Durante la pandemia han crecido exponencialmente los femicidios. Hay que ponerle un freno a este flagelo. El movimiento de mujeres viene de la conquista del derecho al aborto y debemos tomar en nuestras manos la enseñanza fundamental de esta pelea: las conquistas se obtienen en las calles. Justicia por Úrsula, Ivana, Guadalupe y por todas. ¡Ni una menos!

No al pago de la deuda externa

Ruptura con el FMI. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
El gobierno de Fernández y el Frente de Todos aceptaron la estafa de Macri y el FMI y encaminan el país al pago de la deuda por 44 mil millones de dólares. Por si esto fuera poco, quieren cerrar un acuerdo por diez años que implica la sumisión a los mandatos del organismo de crédito. ¡Es necesario decir basta! No podemos permitir que sigan hipotecando el futuro del país y de las futuras generaciones de trabajadores para garantizarles las riquezas a los especuladores financieros y a los organismos imperialistas.
Proponemos el No pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI. Que todos los recursos y riquezas del país se destinen a solucionar los problemas y necesidades de los de abajo: las y los trabajadores,las mujeres y la juventud. Y que la crisis la paguen los que la generaron: los capitalistas.

Sobre Manuela Castañeira

Mi nombre es Manuela Castañeira, soy Licenciada en Sociología, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y trabajadora no docente.

Me considero socialista y feminista. Mi compromiso es defender los derechos de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes.